Con este artículo pretendemos poner en marcha una sección dentro de la revista La Serranía dedicada al patrimonio histórico (artístico, monumental, arqueológico, etnográfico), que sea una ventana abierta a la problemática que éste plantea desde una amplia perspectiva, no sólo relacionada con sus aspectos formales o, usualmente englobadas, en sentido amplio, en el término histórico artístico, óptica habitual en las diversas series de publicaciones periódicas con secciones sobre el tema o múltiples guías que sobre el patrimonio de Ronda y su Serranía se han escrito. El patrimonio histórico ha sido y es el soporte de una variada y rica diversidad de aproximaciones, desde las interesadas en convertirlo en el testigo mudo y cómplice de alguna visión de la historia, siempre presente y siempre interesada, hasta el depositario de anhelos personales o colectivos, que en muchas ocasiones se convierte en la justificación de identidades o reconocimientos vivenciales, que dan sentido a la existencia individual y colectiva. Aún podríamos señalar una dimensión personal relacionada con la memoria, al fin y al cabo, rememoranza de nuestra propia existencia, convirtiéndolo en hitos materiales de nuestros recuerdos y vivencias más íntimas, dimensiones cambiantes y perecederas, como nosotros mismos. Por ello, reducir el patrimonio a su dimensión formal, estilística, o erudita, supone un empobrecimiento que desde aquí quisiéramos contribuir a combatir, en la certeza de que ello supone el enriquecimiento de todos los que contribuyamos a la sección, con nuestras visiones y experiencias, y de sus posibles lectores.
Dolmen del Chopo (Fotografía de Juan Carlos Bernal)
Por otro lado, el momento y el lugar parecen los indicados para incitar a un replanteamiento y redimensión del patrimonio serrano y rondeño, demasiado sometido a su mercantilización, en relación con sus valores de usos económicos y turísticos, que, si bien cuentan con una amplia aceptación entre los agentes de desarrollo (tomado exclusivamente en su dimensión económica), no deja de ser, desde nuestra opinión, el grado máximo de su empobrecimiento y envilecimiento, cuando todo lo anteriormente expuesto se reduce a una mera cuestión de mercado y mercancías, recurso económico, como siempre, sólo para algunos.
Nosotros en estas notas queremos exponer, para empezar, nuestro concepto de patrimonio histórico y algunas de las cuestiones que en este momento le afectan desde el ámbito de su investigación, protección, conservación y difusión, es decir, su puesta en valor, término de moda, que en el sentido que se está imponiendo, como suele ocurrir cuando las palabras y los conceptos se ponen al servicio de los intereses, sólo parece quedar reducido a su dimensión de recurso económico, aspecto que no forma parte del patrimonio histórico y de su puesta en valor, sino es como valor añadido actual y al servicio de determinados usos.
En un trabajo reciente, aún no publicado, exponíamos lo que a continuación sigue y que creemos útil reproducir aquí, a pesar de su generalidad, pero en todo aplicable a la situación de nuestro patrimonio y su valoración.
El concepto de patrimonio, y más si se le añade el adjetivo histórico, ha ido cambiando con el tiempo, o si se quiere históricamente, refiriéndonos a una concepción “oficialista” de dicho concepto, que ha tenido su reflejo en la legislación que sobre el patrimonio histórico ha existido y existe en nuestro país y, de forma mucho más reciente, en las comunidades autónomas que han legislado sobre esta materia. Como es lógico la postura oficial, recogida en la legislación de cada momento, no era ni es la única concepción posible, por tanto las diferentes posturas ideológicas podrán deparar concepciones diferenciadas del concepto de Patrimonio Histórico.
En los últimos años el concepto de Patrimonio, más allá de su dimensión administrativa, legislativa y normativa, ha ido cobrando un mayor aprecio y extensión, no sólo como consecuencia de las ventajas prácticas y económicas que presenta para el ecoturismo o el enriquecimiento y profundización conceptual que ha supuesto el debate ecológico, lo que también ha sido tomado como medio eficaz de solventar la problemática de su conservación como patrimonio histórico, y más concretamente arqueológico, se plantea seguir los pasos emprendidos y los éxitos logrados en los objetivos de protección y conservación del medio natural (éste es en último término resultado de la acción social sobre el mismo), con el que se plantean objetivos comunes, con estrategias no tan distintas ni desconectadas con las de los bienes del patrimonio histórico. Por esta razón se abre camino progresivamente la idea de que una adecuada política de protección patrimonial debe interrelacionar a ambos. Al abrigo de estas ideas se va llegando, poco a poco, a una concepción integral del Patrimonio en la que se funde lo histórico y lo natural y bajo la que subyace la necesidad de una gestión coordinada de todos los recursos patrimoniales.
El concepto global de todo el repertorio patrimonial que conservan nuestros medios urbanos y rurales se englobaría en la denominación de Bienes Culturales.
Bajo estas premisas, las propuestas más actuales consisten en fusionar y diluir después los elementos del Patrimonio Histórico en su matriz ambiental y geográfica. Este planteamiento amplía el campo de acción del patrimonio histórico y arqueológico, puesto que permite abandonar el estrecho marco de actuación existente, los monumentos o yacimientos construidos por la acción humana, para dar paso a un marco más amplio como son los espacios socializados y culturalizados por el efecto humano, monumentos y yacimientos contextualizados en su matriz ambiental y espacial, siguiendo los postulados de nuestro compañero y amigo F. Criado, aplicados al caso del patrimonio gallego.
Al mismo tiempo, este planteamiento recoge las actuales demandas de tratamiento integral del Patrimonio a la vez que ofrece la posibilidad de abordar una acción consensuada entre las diferentes instancias implicadas en su desarrollo: Administración Local, Autonómica, agentes sociales, etc…
En la actualidad, a este concepto se ha añadido con fuerza la consideración del Patrimonio como recurso económico, desde dos perspectivas complementarias, en primer lugar, como medio de empleo de mano de obra, especializada o no, para su excavación, consolidación, restauración o difusión y presentación pública y, en un segundo nivel, como forma de recaudación directa por el pago por su disfrute, por parte de los turistas y visitantes, además de los ingresos indirectos que estas visitas generan (hostelería, artesanía, etc.).
Sin embargo, tenemos que admitir que el Patrimonio, en general, y los Bienes Culturales, en particular, están en peligro, constantemente amenazados por la ignorancia humana, los intereses particulares y públicos, como por la degradación física. Ignorados y abandonados por la idea que se tiene del progreso, que confunde la modernidad con el rechazo a las manifestaciones del pasado y el valor de éstas como testimonio de nuestras raíces e identidad como comunidad, que nos permite entender, con sus valores y defectos, nuestro lugar en una sociedad global impuesta, que se reclama la única posible, dentro de la homogeneización mundial, de acuerdo con un modelo determinado y contrario a la diversidad y riqueza que la historia, a través de esos bienes patrimoniales, se empeña en mostrarnos.
Por tanto, la conservación de los Bienes Culturales no es posible ni deseable, sino tiene una proyección social y cultural amplia y compartida entre los propios depositarios de los mismos, ya que sólo el conocimiento lleva a la valoración y necesidad de conservación de los mismos.
La necesidad de proyectos culturales, en base a la valoración y uso del Patrimonio, proviene de la concepción de la cultura como proceso creador de desarrollo local, poniendo en marcha iniciativas de “revitalización cultural”, es decir, acciones que apunten a la revalorización del patrimonio cultural de cada zona.
Se trata, en concreto, de reconvertir una estrategia de investigación específica, en modelo operativo que se pueda aplicar a la gestión de ese Patrimonio y permita resolver problemas prácticos que se plantean cuando las dinámicas de las sociedades actuales entran en conflictos con la preservación y puesta en valor de aquél.
Ello suele ocurrir de forma habitual en el ámbito de los municipios, la administración más cercana a la materialidad y contexto del Patrimonio, y que, sin embargo, no suelen contar con medios humanos y económicos para hacer frente a una difusa responsabilidad normativa. Así pues, priorizar la política municipal en relación con su patrimonio, es algo que ocurre por voluntad de la propia administración local, que suele chocar con una serie de limitaciones.
La primera deriva de la propia legislación, plasmada en la ausencia de definición de la responsabilidad municipal en el marco competencial de la organización administrativa, cuya implicación y medios disponibles se remiten a los reglamentos que desarrollen las leyes nacionales y autonómicas en materia de Patrimonio Histórico. El papel subsidiario que, de forma genérica, otorga la legislación vigente a los ayuntamientos hace que estos se impliquen en la conservación, defensa y difusión de su propio patrimonio, sólo dependiendo de la posición ideológica de la mayoría del consistorio, aunque más bien del mero interés personal de algún responsable político, alcalde, concejal de cultura o de las personas de su entorno.
La segunda está en relación con la cercanía de la administración local con el entramado de intereses, incluidos los personales de los propios responsables políticos, que se dilucidan en su término municipal y donde los particulares, con sus prioridades personales económicas, los promotores locales o foráneos, con sus exclusivos intereses económicos, legítimos o no, tienen una gran influencia en la toma de decisiones en relación con la conservación o no del patrimonio. Su papel como votantes o como agentes económicos pueden condicionar de forma importante las decisiones municipales, sobre todo, cuando el valor de la inversión económica es el único baremo de desarrollo municipal considerado. En tercer lugar estaría la desconfianza de las administraciones superiores en la capacidad de gestión de la administración local en su propio patrimonio, considerando a este como un bien de carácter más amplio y por tanto responsabilidad de instancias superiores. Esta desconfianza, a veces con base en actuaciones demasiado condicionadas por lo expuesto en el párrafo anterior, en la mayoría de los casos se fundamenta en la propia incapacidad de las administraciones, designadas por la legislación vigente, para cumplir con sus funciones de fomento, protección y planificación de los bienes patrimoniales.
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Artículo de Pedro Aguayo de Hoyos publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.
Editorial La Serranía www.laserrania.org
